{"id":279,"date":"2007-10-18T20:07:55","date_gmt":"2007-10-18T18:07:55","guid":{"rendered":"http:\/\/robertopla.net\/blog\/informacion-y-libertad.htm"},"modified":"2007-10-18T20:07:55","modified_gmt":"2007-10-18T18:07:55","slug":"informacion-y-libertad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/robertopla.net\/blog\/informacion-y-libertad.htm","title":{"rendered":"Informaci\u00f3n y Libertad"},"content":{"rendered":"

Cuando se legisla por primera vez sobre una materia hay que ser muy cuidadoso pues es muy probable que esos primeros pasos condicionen durante a\u00f1os el desarrollo de ese tema. Por eso es tan importante la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Informaci\u00f3n<\/a> (LISI) que pronto van a debatir nuestros representantes parlamentarios. Por eso y porque trata de lo que va a ser la piedra angular del ejercicio de varios derechos fundamentales desde ahora y en el futuro.<\/p>\n

El problema es que veo con frecuencia como el tema de internet se regula como si fuera un asunto de negocios donde se trata de proteger los derechos y por qu\u00e9 no, los intereses de las empresas, sin atender a que, sobre todo, la red y las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n son un cauce de derechos fundamentales como la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la educaci\u00f3n, que los derechos de los ciudadanos deben prevalecer sobre los derechos de las empresas y que la ley debe proteger el derecho del d\u00e9bil contra el abuso del poderoso.<\/p>\n

Es como si olvid\u00e1semos que las calles y los caminos son dominio p\u00fablico de uso com\u00fan y se regulasen para primar el derecho de los comerciantes a ocupar las aceras o a cobrar un peaje por pasar ante sus establecimientos, a decidir quien puede pisar la calle y quien no. Se habr\u00eda revertido el dominio p\u00fablico al uso privado y lucrativo, se habr\u00eda despreciado el derecho de todos en favor del derecho de algunos, pervirtiendo la finalidad de bien com\u00fan que justifica la propia existencia del estado y legitima a la autoridad que se ejerce en nombre de los ciudadanos.<\/p>\n

Pero muchas veces no es necesario acudir a nuevas leyes. Basta con hacer cumplir las existentes o aplicar los principios elementales de la decencia. Los datos que produce el estado o la informaci\u00f3n sobre los actos administrativos son de caracter p\u00fablico salvo que est\u00e9n expresamente declarados secretos por la autoridad competente para ello en aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n vigente. La informaci\u00f3n es la clave de la libertad y el requisito necesario para poder ejercer el control que nos permita verificar que el poder que se eerce en nuestro nombre se ejerce con arreglo a nuestro mandato en las urnas.<\/p>\n

De acuerdo con la Ley de Libertad de Informaci\u00f3n (Freedom of Information Act, FOIA<\/a>), las Agencias estatales del gobierno de los Estados Unidos deben proporcionar acceso p\u00fablico a documentos no p\u00fablicos y no publicados. Sin embargo, la FOIA excluye de la obligaci\u00f3n de divulgaci\u00f3n a ciertas categor\u00edas de registros de conformidad con nueve exenciones y tres exclusiones incluidos en el estatuto. Cada organismo debe disponer de una oficina que facilite al ciudadano el acceso a la informaci\u00f3n solicitada bajo la FOIA. Las Modificaciones de FOIA en 1996 facilitaron el acceso p\u00fablico a ciertos documentos de las agencias de gobierno. Uno de las novedades m\u00e1s beneficiosas para los ciudadanos es la sala de lectura electr\u00f3nica desde donde puede consultar el archivo y registro del organismo.<\/p>\n

Otros paises tienen organismos similares como la \u00abInformation Commissioner’s Office<\/a>\u00bb que es la autoridad independiente del Reino Unido fijada para promover el acceso a la informaci\u00f3n oficial y proteger la informaci\u00f3n personal.<\/p>\n

En Francia la Loi n\u00c2\u00b078-753 du 17 juillet 1978 de \u00abmedidas de mejora de las relaciones entre la administraci\u00f3n y el p\u00fablico\u00bb establece como regla general que los ciudadanos pueden pedir una copia de cualquier documento administrativo (en papel, digitalizado o en otro formato), y crea la Commission d’Acc\u00e8s aux Documents Administratifs, una autoridad administrativa independiente, para supervisar el proceso.<\/p>\n

En Espa\u00f1a la Ley 30\/92 de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan<\/a> establece en su art\u00edculo 37 el derecho de los ciudadanos a los registros y a los documentos pero ya el apartado primero que establece el derecho lo limita a los expedientes terminados y luego se extiende en seis puntos que solo contienen restricciones al derecho un octavo que establece que el acceso a la informaci\u00f3n no ser\u00e1 gratuito y dos mas que dicen que otra informaci\u00f3n podr\u00e1 publicarse regularmente.<\/p>\n

Esta f\u00f3rmula de establecer ampulosamente la existencia de un derecho para, a rengl\u00f3n seguido, decretar que este puede ser suspendido ‘por la autoridad competente’ cuando lo ‘considere oportuno’ es muy propio de nuestra timidez democr\u00e1tica con arraigadas costumbres de dictadura disfrazada de estado de derecho.<\/p>\n

Si no participamos, renunciamos a nuestra cuota de soberan\u00eda y esto seguir\u00e1 as\u00ed en tanto en cuanto no decidamos asociar nuestro derecho de voto a la firme decisi\u00f3n de que aquellos a los que votamos cumplan con nuestro mandato y no con sus ‘compromisos’.<\/p>\n

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