Oleada de indignación

Internet arde. Se ha difundido la noticia de que el gobierno intenta, mediante un subterfugio, aprobar de tapadillo la llamada «Ley de Economía Sostenible» y su denostada disposición final segunda, mal llamada «Ley Sinde».
Como ya había comentado, mientras que se presenta como una forma de atajar la piratería, la realidad es que al dictado de las multinacionales norteamericanas y de grupos económicos privados muy poderosos en España esta disposición simplemente dice que una comisión administrativa puede cerrar una página en Internet solo con la denuncia de un presunto perjudicado.

Que mediante una disposición de carácter administrativo se pueda impedir el ejercicio de un derecho constitucional no tiene nada que ver con los derechos de autor ni con la piratería ni con la musica, es simplemente la muerte del estado de derecho o de cualquier símil que hayamos podido creer que disfrutábamos.
Que a pesar del clamor popular y la grave sospecha -basada en las filtraciones de Wikileaks– de que la Ley responde a intereses torticeros y al dictado extranjero más que al interés público y a la soberanía popular, los políticos parecen empeñados en colarnos un gol mayúsculo.
Algunas páginas se preguntan ¿Que hay que hacer, cuanto hay que chillar, cuantos hemos de ser para que el parlamento que dice representarnos escuche nuestro clamor?. El profesor Enrique Dans, auténtico líder de opinión en materia de nuevas tecnologías ha invitado desde su blog a escribir, de forma correcta y educada a los diputados que intervendrán en la votación para pedirles que actúen en favor del interés público y rechacen la deshonesta proposición.
Yo, por supuesto, en ejercicio de mi libertad de expresión amenazada, ya lo he hecho.